Totalitarismo liberal

Por Manuel Bartlett

La Cámara de Diputados recibió el proyecto de Ley de Asociaciones Publico Privadas del Senado, que de ser aprobado significará la apertura para la privatización de los servicios públicos del Estado. Iniciada por Felipe Calderón, la aprueba el Senado pese a sólidas intervenciones advirtiendo graves consecuencias. PAN y PRI votaron juntos un instrumento mundialmente controvertido que pasó en la desinformación habitual que oculta las reformas que han ido desmantelando al Estado mexicano en la convivencia del Presidente y una mayoría legislativa hechiza, con intereses transnacionales.

“Los proyectos de asociación público privada —artículo segundo— son aquellos que se realizan con cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo entre instancias del sector público y del sector privado para la prestación de servicios al sector público o al usuario final, en los que se utilice una infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado”. Se trata, justifican, de un medio que ya existe en “forma pragmática contractual”, con el objetivo de darle más seguridad y certeza a los particulares y servidores públicos, conforme a experiencias internacionales. Pero ocultan, thatcherianamente, para desendeudar al Estado confiando al sector privado la provisión de servicios públicos. El contrato de asociación integra una entidad pública con una privada con objeto de financiamiento, construcción, transformación, mantenimiento, gestión de un servicio público. Con el pretexto de “racionalización económica” impulsan la privatización progresiva de los servicios públicos, reduciendo el perímetro del Estado.

La asociación PP se presenta como instrumento privilegiado para la racionalización y productividad de los servicios, alegan sus promotores que la gestión empresarial supera obstáculos burocráticos flexibilizando, se comparten riesgos, se pasa de una cultura administrativa a una cultura de gestión.

Pese a grandes fracasos en todo el mundo se impone esta “externalización” de sectores completos: salud, educación, transportes, seguridad, defensa, que significa la atractiva participación en la gestión de enormes presupuestos. Los países en desarrollo son objetivo privilegiado del Banco Mundial para imponer las asociaciones público-privadas como instrumento principal de la Reforma de la gestión pública conciliando equilibrio presupuestal con incremento de oferta de servicios públicos. Promovieron grandes negocios transnacionales sin compensar la caída de la inversión pública. Numerosos estudios revelan las nefastas consecuencias de las asociaciones: ventajas económicas ilusorias, encarecimiento del financiamiento, los largos plazos hacen al asociado público dependiente del privado; baja calidad de servicios por el objetivo de lucro; no se reparten los riesgos, termina cubriéndolos el sector público; no existe competencia, sólo las grandes transnacionales tienen las capacidades para asumir funciones públicas con contratos de 35 años, sólo compiten para obtener el contrato, queda el asociado público atado a un privado convirtiéndose en monopolio privado; no hay flexibilidad sometido el servicio a contratos intocables; elimina la participación ciudadana, los funcionarios elegidos carecen de margen de acción. La Corporate Governance es un pingüe negocio.

Los diputados no pueden aprobar esta ley que destruye al Estado. Deben abrir el debate, exhibir consecuencias, argumentos en contra, no estudios a modo como en el Senado. Es evidente que gobernadores y funcionarios desearían los recursos rápidos que promete el modelo: trampa criminal. Los diputados representan a un pueblo desinformado, están obligados a consultarlo. La penetración de los cárteles en los servicios públicos nos deja como usuarios sin más derechos que la capacidad de pago a empresas operando desde el exterior. Auténtico totalitarismo liberal.